La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sigue siendo una problemática creciente en Latinoamérica y el Caribe, afectando tanto a la biodiversidad marina como a las economías locales. El daño económico que generan estas prácticas, la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo tras el tráfico de drogas y de armas, suma anualmente 2.300 millones de dólares (unos 2.210 millones de euros), según el último informe del colectivo que investiga los Impactos de China en América Latina y el Caribe (ICLAC). En los últimos meses, varios países han intensificado sus esfuerzos para combatir estas prácticas, aunque los desafíos persisten por la falta de recursos y la cooperación transfronteriza limitada.
El caso de Guyana
Guyana ha sido escenario de episodios significativos relacionados con la pesca ilegal, en los que se han puesto de manifiesto tanto los desafíos de control de sus recursos marinos como las tensiones diplomáticas en la región.
Uno de los casos más recientes ocurrió en septiembre de 2024 cuando la Guardia Costera de Guyana interceptó un grupo de aproximadamente 20 pescadores venezolanos.
La región presenta además otros casos que evidencian la complejidad del control de las fronteras marinas. Por ejemplo, en el área del río Corentin, han reportado detenciones de pescadores guyanenses por parte de las autoridades surinamesas.
Este suceso resalta la problemática de las fronteras acuáticas en el Caribe, donde las jurisdicciones se solapan y, en ocasiones, escapan a un consenso común para la gestión y vigilancia de los recursos.
La situación en Guyana es solo un reflejo de un problema más amplio que afecta a varias zonas costeras del Caribe y América Latina, que se vienen tratando desde hace años.
Medidas contra la pesca ilegal en Latinoamérica
Los países más afectados están implementando estrategias coordinadas y marcos legales específicos para combatir la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada):
- Cooperación regional:
- Red regional: Once países (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) crearon una red de intercambio de información para rastrear embarcaciones sospechosas y compartir protocolos de inspección.
- Adhesión a acuerdos internacionales
- AMERP (Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto): Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay forman parte de este tratado vinculante que permite inspeccionar y denegar servicios a embarcaciones con historial de pesca ilegal.
- Acciones nacionales:
- Prohibición de apoyo logístico: Siguiendo el modelo de la UE y Corea del Sur, algunos países están desarrollando leyes que penalizan a empresas que prestan servicios (seguros, combustible) a buques ilegales.Listas negras de embarcaciones: Uso de registros globales para identificar y bloquear buques involucrados en pesca INDNR.
- Protección de áreas marinas:
- Vigilancia en zonas críticas: Ecuador reforzó la monitorización en Galápagos contra flotas extranjeras, aunque los resultados específicos requieren más datos actualizados.
- Sistemas de trazabilidad: Países como Perú y Argentina están implementando certificados digitales de captura para evitar el lavado de pesca ilegal.
Referencias
Detenidos pescadores venezolanos por presuntamente invadir territorio guyanés – Correo del Caroní
